COMUNICADO ANTE EL DESMEMBRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA

El pasado 29 de julio, el gobierno andaluz se descolgaba con el Decreto Ley, el 5/2010, de reestructuración de la Administración de la Junta de Andalucía. Septiembre y octubre, a la vuelta de las vacaciones, han sido meses inéditos para l@s trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía. Se han sucedido asambleas multitudinarias de trabajadores autoorganizados, cortes de carretera, concentraciones periódicas, manifestaciones, pitadas a altos cargos y hasta encierros en edificios públicos.

El paroxismo se alcanzó el pasado jueves 27 cuando representantes de las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO mercadearon el futuro del servicio público a cambio de la consolidación parcial de derechos laborales de la mitad de los trabajadores afectados por el decreto ley (los de los fijos de la administración paralela) y de una segura mayoría en los próximos comicios sindicales en los que éstos se incorporan al censo. En el camino quedan los despidos de trabajadores y trabajadoras fijas discontínuas de las empresas públicas, los derechos laborales de los emplead@s públicos y una concepción del servicio público que había sido la bandera del sindicalismo de clase durante décadas.

El argumentario de la Junta de Andalucía en torno a la procedencia de reformar la administración autonómica se centra en la necesidad de aumentar la eficacia de ésta. El mecanismo elegido por los políticos andaluces consiste en dotar de carta de naturaleza pública a la llamada Administración paralela para lo cual engrosarán sobremanera sus cometidos a la vez que se adelgazan las competencias en el seno de la Administración, trasladando así la gestión de los servicios públicos a las agencias, donde contados funcionarios actuarán junto con el resto de personal laboral, en base a criterios de gestión gerencial, obedeciendo órdenes de directivos regidos por el régimen laboral especial de alta dirección y seleccionados conforme a sus “meritos” específicos.

Esta reorientación tiene lugar hurtando el necesario debate sobre el futuro de la administración y obviando el requisito constitucional de imparcialidad y objetividad de ésta; entregando su dirección a los criterios economicistas, cortoplacistas y partidistas de gestión de unos servicios que poco a poco dejarán de ser públicos.

La tesis de los ideólogos neoliberales del modelo gerencial, los mismos al frente de la reforma laboral y la futura reforma de las pensiones, postulan “la eficacia” de la arbitrariedad y la tiranía del resultado coyuntural (ese que tanto gusta a los “mercados”) frente a la planificación estratégica de los recursos y políticas públicas. Es así como paulatinamente en las administraciones “socialistas” se ha impuesto un modelo neoliberal de gestión y nos encontramos hoy por sólo poner un ejemplo con ayuntamientos en los que las líneas de autobús son eliminadas por no ser “rentables” (lo eran para sus usuarios...). A partir de ahora nada se salvará, ni los colegios de los y las niñas andaluzas, que son obligados a realquilar sus instalaciones para rentabilizarlas en lugar de emplearlas en mejorar la formación y el tiempo de ocio de los y las escolares, ni la ecuanimidad y criterio en la adopción de un@ niñ@, o la prestación de otros servicios sociales. Es decir, convierte en Administración lo que no lo es, contagiando de sus prácticas (laborales, de gestión, con intereses mas allá de la defensa del interés general) el cada vez menor espacio administrativo.

Obvian que la eficacia sólo se alcanza planificando seriamente, con esfuerzo, a largo plazo y con servicios públicos sólidos que sustenten la actividad. La educación, las infraestructuras, la sanidad no son rentables económicamente en si mismas, son condiciones previas imprescindibles para el funcionamiento de la economía en general. Sin formación, carreteras o con trabajadores y trabajadoras enfermos difícilmente reactivaremos la economía de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado estas nuevas entidades endeudadas, desconocidas por los ciudadan@s y con empleados laboralizados serán carne de cañón para la privatización y el despido masivo de emplead@s públicos tan pronto la coyuntura económica lo requiera y tal y como está sucediendo ya en Reino Unido.

Y no se trata aquí de defender un modelo inmovilista de Administración Pública. Somos conscientes de los graves déficits de ésta y de la imperiosa necesidad de revitalizar la confianza de la ciudadanía en ella, restaurando su papel en la sociedad y su actuar en la mejora de las condiciones de vida de los y las andaluzas. Para ello debe arrancar un profundo proceso de diálogo con la ciudadanía y los empleados públicos en el que más allá de los discursos impuestos por los ultraliberales gestores “socialistas” se tengan en cuenta que:

- La Administración se ha convertido en un botín de la guerra electoral de turno, no en un instrumento de servicio al ciudadano. La partidización del aparato administrativo, que fuerza la orientación de objetivos a la retórica electoral desvía ingentes esfuerzos del aparato institucional y no pocos recursos humanos que debieran orientarse a la ejecución de políticas y servicios públicos. Por ello una administración más eficaz será una administración más independiente de los partidos políticos.

- Tan sólo quienes no ven amenazada su continuidad en el puesto por la tiranía del resultado a corto plazo o el electoral pueden desarrollar esquemas de planificación a medio largo plazo, tales como los que son necesarios para la profunda transformación que requiere el sistema educativo, el tejido laboral y productivo, los patrones de ocio, el modelo urbanístico y el medioambiental o la propia alfabetización digital. Es por esto que apostamos por una organización institucional más democrática en la que la promoción interna hasta las más altas cotas no dependa de la designación partidista del gobernante de turno, sino del criterio de los empleados públicos y los y las ciudadanas receptores de los servicios sujetos a evaluación.

- En igualdad de condiciones, una vez eliminada la tiranía del objetivo electoral del horizonte de lo público, la gestión más eficaz la prestará siempre áquel que puede ahorrarse la más importante de las partidas de gasto: el beneficio empresarial; ya que podrá emplear ésta en mejorar las instalaciones, calidad de los servicios o condiciones laborales de los empleados.

- Se garantice el acceso en condiciones de igualdad a la gestión de lo público, a la que tod@s deberíamos tener derecho.

Ante este escenario, si bien asistimos a la rebelión de l@s emplead@s públicos andaluc@s, apuntamos a la imperiosa necesidad de que la ciudadanía alcance a comprender la profundidad de la transformación que se avecina sobre el servicio público tal y como lo concebimos hoy, sobre el modelo de Estado de Bienestar. Frente al Estado Social y de Derecho europeo se impone el Estado Liberal a secas.

TOCA DEFENDER LO PÚBLICO, ES DE TODOS, NO AL DECRETO 5/2010

CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

TOD@S A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL DECRETO DE REORDENACIÓN
DE LA JUNTA SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 - 12:00 HORAS
DE LA ALAMEDA DE HÉRCULES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA