COMUNICADO ANTE EL DESMEMBRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA

El pasado 29 de julio, el gobierno andaluz se descolgaba con el Decreto Ley, el 5/2010, de reestructuración de la Administración de la Junta de Andalucía. Septiembre y octubre, a la vuelta de las vacaciones, han sido meses inéditos para l@s trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía. Se han sucedido asambleas multitudinarias de trabajadores autoorganizados, cortes de carretera, concentraciones periódicas, manifestaciones, pitadas a altos cargos y hasta encierros en edificios públicos.

El paroxismo se alcanzó el pasado jueves 27 cuando representantes de las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO mercadearon el futuro del servicio público a cambio de la consolidación parcial de derechos laborales de la mitad de los trabajadores afectados por el decreto ley (los de los fijos de la administración paralela) y de una segura mayoría en los próximos comicios sindicales en los que éstos se incorporan al censo. En el camino quedan los despidos de trabajadores y trabajadoras fijas discontínuas de las empresas públicas, los derechos laborales de los emplead@s públicos y una concepción del servicio público que había sido la bandera del sindicalismo de clase durante décadas.

El argumentario de la Junta de Andalucía en torno a la procedencia de reformar la administración autonómica se centra en la necesidad de aumentar la eficacia de ésta. El mecanismo elegido por los políticos andaluces consiste en dotar de carta de naturaleza pública a la llamada Administración paralela para lo cual engrosarán sobremanera sus cometidos a la vez que se adelgazan las competencias en el seno de la Administración, trasladando así la gestión de los servicios públicos a las agencias, donde contados funcionarios actuarán junto con el resto de personal laboral, en base a criterios de gestión gerencial, obedeciendo órdenes de directivos regidos por el régimen laboral especial de alta dirección y seleccionados conforme a sus “meritos” específicos.

Esta reorientación tiene lugar hurtando el necesario debate sobre el futuro de la administración y obviando el requisito constitucional de imparcialidad y objetividad de ésta; entregando su dirección a los criterios economicistas, cortoplacistas y partidistas de gestión de unos servicios que poco a poco dejarán de ser públicos.

La tesis de los ideólogos neoliberales del modelo gerencial, los mismos al frente de la reforma laboral y la futura reforma de las pensiones, postulan “la eficacia” de la arbitrariedad y la tiranía del resultado coyuntural (ese que tanto gusta a los “mercados”) frente a la planificación estratégica de los recursos y políticas públicas. Es así como paulatinamente en las administraciones “socialistas” se ha impuesto un modelo neoliberal de gestión y nos encontramos hoy por sólo poner un ejemplo con ayuntamientos en los que las líneas de autobús son eliminadas por no ser “rentables” (lo eran para sus usuarios...). A partir de ahora nada se salvará, ni los colegios de los y las niñas andaluzas, que son obligados a realquilar sus instalaciones para rentabilizarlas en lugar de emplearlas en mejorar la formación y el tiempo de ocio de los y las escolares, ni la ecuanimidad y criterio en la adopción de un@ niñ@, o la prestación de otros servicios sociales. Es decir, convierte en Administración lo que no lo es, contagiando de sus prácticas (laborales, de gestión, con intereses mas allá de la defensa del interés general) el cada vez menor espacio administrativo.

Obvian que la eficacia sólo se alcanza planificando seriamente, con esfuerzo, a largo plazo y con servicios públicos sólidos que sustenten la actividad. La educación, las infraestructuras, la sanidad no son rentables económicamente en si mismas, son condiciones previas imprescindibles para el funcionamiento de la economía en general. Sin formación, carreteras o con trabajadores y trabajadoras enfermos difícilmente reactivaremos la economía de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado estas nuevas entidades endeudadas, desconocidas por los ciudadan@s y con empleados laboralizados serán carne de cañón para la privatización y el despido masivo de emplead@s públicos tan pronto la coyuntura económica lo requiera y tal y como está sucediendo ya en Reino Unido.

Y no se trata aquí de defender un modelo inmovilista de Administración Pública. Somos conscientes de los graves déficits de ésta y de la imperiosa necesidad de revitalizar la confianza de la ciudadanía en ella, restaurando su papel en la sociedad y su actuar en la mejora de las condiciones de vida de los y las andaluzas. Para ello debe arrancar un profundo proceso de diálogo con la ciudadanía y los empleados públicos en el que más allá de los discursos impuestos por los ultraliberales gestores “socialistas” se tengan en cuenta que:

- La Administración se ha convertido en un botín de la guerra electoral de turno, no en un instrumento de servicio al ciudadano. La partidización del aparato administrativo, que fuerza la orientación de objetivos a la retórica electoral desvía ingentes esfuerzos del aparato institucional y no pocos recursos humanos que debieran orientarse a la ejecución de políticas y servicios públicos. Por ello una administración más eficaz será una administración más independiente de los partidos políticos.

- Tan sólo quienes no ven amenazada su continuidad en el puesto por la tiranía del resultado a corto plazo o el electoral pueden desarrollar esquemas de planificación a medio largo plazo, tales como los que son necesarios para la profunda transformación que requiere el sistema educativo, el tejido laboral y productivo, los patrones de ocio, el modelo urbanístico y el medioambiental o la propia alfabetización digital. Es por esto que apostamos por una organización institucional más democrática en la que la promoción interna hasta las más altas cotas no dependa de la designación partidista del gobernante de turno, sino del criterio de los empleados públicos y los y las ciudadanas receptores de los servicios sujetos a evaluación.

- En igualdad de condiciones, una vez eliminada la tiranía del objetivo electoral del horizonte de lo público, la gestión más eficaz la prestará siempre áquel que puede ahorrarse la más importante de las partidas de gasto: el beneficio empresarial; ya que podrá emplear ésta en mejorar las instalaciones, calidad de los servicios o condiciones laborales de los empleados.

- Se garantice el acceso en condiciones de igualdad a la gestión de lo público, a la que tod@s deberíamos tener derecho.

Ante este escenario, si bien asistimos a la rebelión de l@s emplead@s públicos andaluc@s, apuntamos a la imperiosa necesidad de que la ciudadanía alcance a comprender la profundidad de la transformación que se avecina sobre el servicio público tal y como lo concebimos hoy, sobre el modelo de Estado de Bienestar. Frente al Estado Social y de Derecho europeo se impone el Estado Liberal a secas.

TOCA DEFENDER LO PÚBLICO, ES DE TODOS, NO AL DECRETO 5/2010

CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

TOD@S A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL DECRETO DE REORDENACIÓN
DE LA JUNTA SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 - 12:00 HORAS
DE LA ALAMEDA DE HÉRCULES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

[europa debe cambiar de base]

Izquierda Anticapitalista

1.Una Europa que garantice trabajar menos para todos y todas.

La Unión Europea de las multinacionales y los banqueros y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha convertido en un arma de destrucción de derechos sociales, de fomento del paro masivo (23,5 millones de personas en 2009), de la precarización laboral (alrededor de 100 millones de personas en 2007) y del empobrecimiento creciente de amplias capas de la población (79 millones en el mismo año) que, con la excusa de la crisis provocada por el propio sistema que pretenden perpetuar, amenaza ahora con proseguir por ese camino con mayor intensidad y dureza mediante políticas como la “flexiguridad”. La Europa por la que luchamos deberá basarse en la armonización por arriba de los derechos sociales, empezando por la prohibición de los despidos en las empresas con beneficios y la garantía de recolocación, sin disminución de salarios, en los sectores en crisis mediante su reconversión bajo control social hacia la satisfacción de necesidades sociales compatibles con el medio ambiente. Promoverá el reparto de todos los trabajos –incluidos los no remunerados- mediante la derogación de la Directiva que sigue permitiendo la prolongación de la semana laboral más de 48 horas, estableciendo la reducción de la semana laboral a 35 horas, sin disminución de salarios, y la socialización de las tareas de cuidado. Reducirá radicalmente la temporalidad en la contratación laboral mediante la consideración de la contratación indefinida como norma y la eventual como excepción. Asimismo, propondrá un aumento sustancial del Salario Mínimo en toda la UE (que en el Estado Español debería alcanzar 1.200 euros), un Ingreso Social equivalente para todas las personas desocupadas y unas Pensiones dignas a partir de la jubilación a los 60 años, en el camino hacia una Renta Básica Universal. Igualmente, frente a las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia favorables al “dumping” social, derechos básicos como el de huelga y la igualación de condiciones laborales y salariales, independientemente del origen del país de procedencia, deberán ser reconocidas plenamente.

2. UNA EUROPA QUE ASPIRE A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS BIENES COMUNES Y DE LA BANCA Y AL REPARTO DE LA RIQUEZA

El agua, la tierra, la sanidad, la educación, la cultura son bienes comunes que han de garantizar una vida digna para todos y todas, por lo que deben ser reconocidos constitucionalmente como derechos fundamentales. Frente a los procesos de liberalización y privatización de los servicios dentro de la UE y a las directivas que las promueven –que deberían ser derogadas-, tiene que haber unos servicios de propiedad y de gestión 100% públicos, paralizando todos los procesos de privatización y exigiendo el retorno al sector público, bajo control social, de los ya privatizados. Garantizará el derecho a la salud universal, equitativa y gratuita, así como a la educación pública y gratuita desde los centros infantiles hasta la Universidad; paralizará el Plan Bolonia y asegurará una Universidad Pública y de calidad al servicio de las necesidades sociales; que reconozca la vivienda como un derecho fundamental y no como un negocio, procediendo a la expropiación de viviendas vacías y a la creación de un parque público para alquiler social, no superior al 20% del salario y prohibiendo los desahucios por impago de hipotecas de hogares afectados por el fraude inmobiliario y el paro. Revisará profundamente la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para ponerla al servicio de quienes trabajan la tierra y a favor de un mundo rural vivo, que exija que la agricultura y la alimentación estén fuera de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, que prohiba los transgénicos y exija la abolición de los festejos con malos tratos a los animales. Promoverá una política cultural que garantice que los medios de comunicación públicos estén al servicio de la ciudadanía, la creación artística desmercantilizada, el copyleft y el apoyo a los medios de comunicación alternativos.

Frente a la socialización de las pérdidas, adoptada por los gobiernos al servicio de los banqueros, los especuladores y los estafadores para luego volver a privatizar sus beneficios, la Europa que queremos deberá promover una Banca Pública bajo control social para poner en marcha un sistema de préstamos ecosociales que facilite la transición hacia otro modelo productivo al servicio de las necesidades básicas de la población. Será una Europa que abolirá los “paraísos fiscales” existentes dentro de su territorio, establecerá un control estricto e impuestos sobre el libre movimiento de capitales, los beneficios de las multinacionales y las grandes fortunas y promoverá una armonización hacia arriba de las políticas fiscales hsta conseguir la desaparición de todos los “paraísos fiscales”.

3. UNA EUROPA QUE LUCHE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SIENTE LAS BASES DE OTRO MODELO CIVILIZATORIO

Frente al cambio climático el sector energético ha de ser considerado un servicio público planificado democráticamente en toda Europa y, por tanto, pasar a ser de titularidad pública. La UE es la segunda emisora de gases de efecto invernadero (24 %) del planeta y, pese a su retórica verde, prosigue ese camino con su obsesión por el “crecimiento económico” y proyectos como las grandes infraestructuras. La Europa que queremos debería asegurar el cumplimiento efectivo del compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % para 2020 con respecto a los niveles de 1990, la renuncia a la energía nuclear, el abandono progresivo de las energías no renovables y la adopción de un Plan europeo de suministro energético que tienda a basarse en un 100 % en energías renovables. Deberá establecer una Moratoria de nuevas infraestructuras de transporte, proceder a una reevaluación de los proyectos ya en marcha y el abandono o reconversión de aquéllos que sean considerados innecesarios o destructivos, suspendiéndose la financiación a la inversión en este sector y redirigiéndola prioritariamente a gastos sociales. Todo ello con el propósito de emprender una transición efectiva hacia otro modo de producir, distribuir y consumir sostenible y socialmente justo, hacia un “Buen Vivir” que cuestione radicalmente la lógica depredadora de recursos del actual sistema y el fetichismo del “crecimiento económico” ilimitado que le acompaña.

4. UNA EUROPA BASADA EN LA IGUALDAD PLENA DE TODAS LAS MUJERES, EN SU DERECHO A DECIDIR Y EN EL RESPETO A LA LIBERTAD SEXUAL

Frente a una UE que mantiene una sociedad patriarcal y discriminatoria y a las restricciones que persisten en muchos países –como Irlanda, Polonia, Malta y, también, pese a los avances logrados, el Estado español- al derecho a decidir de las mujeres, reivindicamos una legislación común a escala europea que garantice la despenalización total del aborto y el derecho a la interrupción del embarazo y a la contraconcepción libres y gratuitos a cargo de la Sanidad Pública. La maternidad ha de ser también libre y deseada y por ello es imprescindible una educación sexual y afectiva, honesta y sincera, para evitar embarazos no deseados. Reivindicamos el derecho a las prestaciones sanitarias públicas para la maternidad y reproducción asistida sin límite de edad, territorio, orientación sexual o modelo de convivencia doméstica. Exigimos la igualdad de género en todos los trabajos y consideramos urgente poner fin a la precariedad laboral en forma de contratos temporales y parciales y discriminación salarial, los cuales aefectan de forma particularmente severa a las mujeres. Rechazamos la consideración de las tareas de cuidado como “inherentemente femeninas” o “cosa de mujeres” y apostamos por una educación y una socialización de los y las jóvenes que no perpetúen los actuales roles de género. Con el objetivo de conseguir la plena responsabilidad pública respecto al cuidado, deberían adoptarse leyes a escala europea que garanticen el acceso al cuidado público gratuito y de calidad para todas las personas en situación de autonomía restringida y el desarrollo de los equipamientos sociales necesarios que faciliten el uso equitativo de los tiempos de vida cotidiana de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Debería establecerse también una legislación europea contra la violencia machista, garantizando un servicio público de acogida, alojamiento y protección de las mujeres víctimas de violencia y la equiparación de derechos para las mujeres inmigrantes independientemente de su situación legal. Finalmente, frente a las discriminaciones y frecuentes violencias homófobas que persisten en la práctica totalidad de países de la UE, rechazamos la imposición de la “norma” heterosexual y reivindicamos la libre opción sexual y plenos derechos y protección para gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros.

5. UNA EUROPA SIN MUROS NI GUETOS. NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL.

La Unión Europea, al mismo tiempo que facilita la sobreexplotación de la fuerza de trabajo inmigrante en función de las necesidades empresariales, se está convirtiendo en una fortaleza llena de muros, vallas y Centros de “Internamiento” de Inmigrantes (CIEs) dentro y fuera de sus fronteras, y prosigue las expulsiones masivas (medio millón de personas en 2007), basándose en un racismo institucional que tiene en la Directiva de la “vergüenza” (mal llamada de “retorno”), aprobada por el Parlamento Europeo y la casi totalidad de eurodiputados del PSOE, su peor expresión. La Europa que queremos derogará esa Directiva, suprimirá los CIEs y las leyes discriminatorias (como la Ley de Extranjería española), desmantelará el FRONTEX y las vallas fronterizas en el Norte de Africa, derogará la política restrictiva del derecho de asilo, despenalizará la ayuda y el apoyo a la entrada, circulación y estancia de inmigrantes y demandantes de asilo y garantizará la tutela efectiva para las personas menores de edad no acompañadas. La Europa que queremos respetará el derecho a la libre circulación y elección de país residencia y regularizará y garantizará plenos derechos para todas las personas residentes en suelo europeo, sin distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o “sin papeles”.

6. UNA EUROPA DEMOCRÁTICA Y LAICA QUE RECONOZCA TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS, TODOS LOS PUEBLOS Y TODAS LAS CULTURAS

El proceso de “integración europea” y, luego, de la UE tuvo un carácter antidemocrático desde sus mismos orígenes y, tras el Acta Única de 1986 y el Tratado de Maastricht de 1992, llegó a su culminación con el proyecto de Tratado Constitucional Europeo, finalmente frustrado por el rechazo de los pueblos francés y holandés. Ahora, con el Tratado de Lisboa, pese a su rechazo por el pueblo de Irlanda, se pretende legitimar de nuevo un régimen oligárquico y despótico que tiene sus peores expresiones en el Banco Central Europeo, el Tribunal Europeo de Justicia y la Comisión Europea, al servicio todos ellos de los “lobbies” de las grandes multinacionales europeas y de la libertad empresarial. La Europa por la que luchamos derogará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, en el caso de que finalmente se apruebe, el Tratado de Lisboa; romperá con el marco procapitalista e institucional de la UE y deberá ser refundada desde abajo, desde el reconocimiento de todos los derechos –incluido el de la autodeterminación y la independencia- para todos los pueblos y para todas las personas residentes en suelo europeo. Sólo un nuevo proceso constituyente, libremente pactado y basado en la decisión soberana de los pueblos, podrá establecer las bases de otra Europa democrática, plurinacional y pluricultural. Será una Europa que luche contra la profesionalización de la política, limitando la permanencia en cargos públicos a no más de 2 mandatos, con salarios no superiores al salario medio del país respectivo, con derecho de voto a partir de los 16 años, la regulación generosa de los derechos de iniciativa legislativa popular y el referéndum, la derogación de toda la legislación “antiterrorista” de excepción -incluida la Ley de Partidos vigente en el Estado español-, la separación total entre los Estados y las iglesias y la democratización de todas las instituciones, incluida la jefatura de los Estados.

7. UNA EUROPA RESPETUOSA DE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DEL SUR Y FUERA DE LA OTAN

La UE ha sido uno de los principales motores de la globalización neoliberal y neoimperialista, siendo ahora sus más claros ejemplos los “Acuerdos” y “Tratados” de “Libre Comercio” que pretende imponer en países como Africa, Caribe y Pacífico o Centroamérica., contrarios al respeto a la soberanía de los pueblos sobre sus bienes y recursos naturales y al servicio del saqueo de sus recursos en beneficio de las grandes multinacionales del Norte, como se comprueba en el documento de la Comisión Europea “Europa Global: Competir en el mundo”. Al mismo tiempo, su política exterior y de defensa comparte en lo fundamental los intereses geoestratégicos de EE UU y se desarrolla en el marco de la OTAN y de las guerras que emprenden en países como Iraq y Afganistán. La Europa que queremos deberá cancelar la Deuda Externa contraída por los países del Sur, reconocer la Deuda Ecológica hacia los mismos, derogar los injustos “Acuerdos” y “Tratados” comerciales y establecer una relación solidaria con ellos basada en el respeto a su soberanía. Será una Europa que deberá romper todos sus compromisos con el FMI, el BM y la OMC. Apostará radicalmente por establecer unas relaciones pacíficas con todos los pueblos empezando por la retirada inmediata de sus tropas de Afganistán y Líbano, rompiendo todo tipo de vínculos con la OTAN y exigiendo su disolución. Asimismo, anulará el Acuerdo Preferencial de Comercio con el Estado de Israel y suspenderá todo tipo de relación con ese Estado mientras persista sus constantes violaciones de derechos humanos fundamentales del pueblo palestino, reconociendo a sus representantes elegidos democráticamente. También deberá proceder al reconocimiento diplomático de la República Árabe Saharaui Democrática, solidarizarse con el pueblo marroquí frente a un régimen que es el principal aliado del imperialismo en el Norte de Africa y respetar el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.


[europa debe cambiar de base]

Declaración de Izquierda Anticapitalista

Hubo mucha gente en el centro de Madrid el pasado 12-D, al llamado de CCOO y UGT. Pero, las cifras no resuelven la encrucijada en que se encuentra el movimiento obrero. Las centrales desplegaron grandes recursos organizativos para que la marcha fuese un éxito de asistencia. Sin embargo, los parlamentos de los dirigentes no convocaban a la resistencia y a la lucha frente a la crisis, sino a la “concertación” con sus causantes. El “día después” de la manifestación no ha hecho sino confirmar los peores temores: sindicatos y CEOE dan un esperanzado “voto de confianza” a las medidas que prepara el gobierno del PSOE.

Unas medidas cuyo primer esbozo debería poner inmediatamente en guardia a la clase trabajadora y a los movimientos sociales: por un lado, “comisiones de estudio” sobre el modo de fomentar el empleo, pensar otro modelo productivo y gestionar el paro existente (es decir, charlatanería y burocracia); por otro, un análisis sobre la viabilidad del régimen de pensiones (o sea, ajuste de las retribuciones y prolongación de la edad de jubilación en perspectiva). Todo ello enmarcado, anuncia Zapatero, en un esfuerzo por reducir el déficit público generado por los “estímulos económicos del último período”. En otras palabras, ha llegado la hora de pasar factura por los miles de millones de euros entregados a los banqueros y a las multinacionales del automóvil. Y la cuenta se la van a presentar al pueblo.

Es hora de acordarse de la insistente cantinela de Toxo y Méndez desde hace más de un año: no procede organizar una huelga general contra un gobierno que respeta nuestros derechos. Y es hora de acordarse de lo que ha ocurrido desde entonces. Más allá de los datos del paro o del aumento de la pobreza, la manifestación del 3-D en Barcelona, preparatoria de la cita en la capital, mostró una imagen elocuente: poco más de cinco mil sindicalistas, pero prácticamente ninguna empresa en lucha. Nissan, Pirelli, Tycho, Simon… Tantas y tantas fábricas que, unos meses atrás, peleaban contra sus respectivos expedientes, han sido vencidas o incluso cerradas. Aquel mismo día, la resistencia de Lear, en las tierras del Ebro, daba sus últimos coletazos ante la Conselleria de Treball de la Generalitat: se obtenía una mejora en las indemnizaciones, pero todo el mundo iba a la calle. Y en torno a esas derrotas, encajadas una tras otra, miles y miles de despidos en pequeñas industrias auxiliares, en servicios, entre autónomos y falsos autónomos…

Madrid no supuso un balance de este curso desastroso. Las cúpulas sindicales trataron antes bien de enmascararlo… para seguir con la misma rutina, con el mismo espíritu de conciliación. Es cierto que se lanzaron huevos contra los retratos de Díaz Ferrán, de Rajoy, e incluso de Zapatero. Es verdad que no pocas voces gritaron que “hace falta ya una Huelga General”. Pero, ¿existe acaso una fuerza organizada dispuesta a prepararla y a impulsarla? La cuestión no es saber si una huelga general depende o no de CCOO y de UGT. Es tan indiscutible que un movimiento así necesita el concurso de sus afiliadas y afiliados, el compromiso de sus mejores activistas… como resulta evidente que gran parte de los cuadros de dirección de esos sindicatos no quieren dejar de ronronear en los enmoquetados despachos del “diálogo social”. A su izquierda, toda una constelación de corrientes sindicales combativas, desde CGT a organizaciones de ámbito nacional, autonómico y hasta local, tienen una visión mucho más clara de naturaleza de la crisis capitalista que enfrentamos. En conjunto, sus fuerzas no son nada despreciables; pero su fragmentación es muy grande, y su credibilidad entre los sectores más amplios de la clase trabajadora resulta aún muy limitada.

Venimos de lejos

Sin embargo, el problema que tiene el sindicalismo es más profundo. La crisis, al estallar, no sólo ha puesto al desnudo la inanidad del “modelo español de crecimiento”, basado en el ladrillo, los bajos salarios, el endeudamiento de las familias y la precariedad creciente del mercado laboral; ha colapsado al mismo tiempo el sindicalismo que se ha impuesto durante los años de bonanza económica y de expansión de las políticas neoliberales. Han pasado desapercibidas reformas legislativas, como la referida a los procedimientos concursales – que, hoy, ante una avalancha de cierres de empresas, transforma prácticamente las plantillas en un acreedor más, junto a bancos y proveedores. En ese período, la facilidad de acceso al crédito ha disimulado el bajo poder adquisitivo de los salarios; la demanda sostenida de mano de obra ha hecho lo propio con la inestabilidad y baja calidad del empleo. Y las políticas fiscales de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han alentado la ganancia especulativa, sin tratar de colmar el importante diferencial de gasto social que sigue separándonos de los países industrializados de la Unión europea. En ese marco, la orientación conciliadora de los grandes sindicatos ha facilitado su profunda transformación. La dependencia respecto a las subvenciones se ha tornado decisiva para el mantenimiento de sus estructuras de liberados y de empresas de servicios. CCOO y , fundamentalmente UGT, se han convertido en maquinarias electorales en el mundo del trabajo, buscando una representatividad que les garantice ante todo reconocimiento institucional e ingresos. Esa deriva ha tenido dos efectos paralelos: por arriba, ha reforzado el arribismo y la connivencia con gobiernos y patronales; por abajo, ha diluido la cultura de lucha de clases y ha disgregado significativamente el tejido asociativo, los equipos militantes, la base social viva y organizada que daba fuerza a los sindicatos a nivel de empresas y de ramos. Éstos se han ido transformando cada vez más en aparatos referenciales de una masa trabajadora progresivamente individualizada. En cuanto a los ingentes colectivos de precarias y precarios, de autónomos y falsos autónomos, y de quienes trabajan en la economía sumergida – significativamente, mujeres e inmigrantes -, ni el sindicalismo más moderado, ni el más combativo han conseguido hasta ahora organizarlos.

Esa realidad del sindicalismo explica lo difícil de una reacción consecuente ante la crisis. Las resistencias de estos últimos meses han sido gestionadas según los parámetros y rutinas de la etapa anterior. La patronal no se engaña en cuanto a la correlación de fuerzas: conoce el talante de los líderes que tiene enfrente y es consciente de la debilidad estructural con que acuden CCOO y UGT a las mesas de negociaciones. Eso explica la arrogancia de la CEOE y el hecho de que haya podido bloquear durante meses y meses todos los convenios colectivos que ha querido. (Y que se atreva incluso a cuestionar ese marco contractual, propugnando “convenios de empresa” y, ¿por qué no?, individualizados).

Recomponer la base social

Este es el reto que se plantea a las corrientes del movimiento obrero que apuestan por la lucha de clases: la urgencia de una respuesta masiva ante la crisis… y la dificultad de construirla con estos materiales. Desde luego, no existen fórmulas mágicas, pero sí una línea de trabajo. Se trata de sostener, desde la búsqueda de la unidad de acción y el retorno a los métodos democráticos de las asambleas, las luchas y resistencias que, a pesar de todo, se abren aquí y allá. Se trata de unificarlas, popularizarlas, vincularlas a los movimientos sociales, empezando por las propias localidades o territorios. Se trata, sobre todo, de recomponer el tejido asociativo, los vínculos y solidaridades sin los cuales es impensable vertebrar un movimiento amplio y sostenido de la población trabajadora. Y ello debe hacerse venciendo la división. La izquierda sindical tiene en estos momentos una enorme responsabilidad. Sobre ella recae la tarea de reagrupar fuerzas, cuando menos en lo práctico, y de llegar a conectar con la afiliación, secciones sindicales o comités de empresa combativos adscritos a CCOO y UGT. Sólo ese engarce de distintas corrientes puede desbloquear la situación. Es ilusorio apostar, no ya por un “sorpasso” del sindicalismo conciliador, sino siquiera esperar un crecimiento significativo de la autoridad moral, implantación o influencia de las tendencias obreras más activas sin ese esfuerzo desde abajo por dar confianza en la lucha, por obtener ciertos éxitos en algunos conflictos, por preparar sistemáticamente un movimiento de conjunto que cambie el estado de ánimo general de la población trabajadora y le abra nuevas perspectivas.

Si nada bueno puede salir del “diálogo social”, hay que plantear un plan de urgencia social y ecológica a la altura de la gravedad de la situación que estamos viviendo: un plan que responda a la necesidad de dar plena cobertura al desempleo, detener la sangría de puestos de trabajo, revalorizar pensiones y salarios, combatir las desigualdades sociales, proteger los servicios públicos… Y eso ya sólo es posible con medidas muy decididas que retiren de manos privadas los grandes resortes de la economía y los transformen en instrumentos públicos al servicio de la mayoría: la unificación y nacionalización de la banca bajo control social; una reforma fiscal progresiva que haga pagar realmente a los ricos; la nacionalización de sectores estratégicos, como la energía… Esas son las palancas que necesitamos para encarar todo un proceso, democrático y participativo, de reconversión de la industria, de la producción agrícola y de la distribución en un sentido socialmente justo y medioambientalmente sostenible. No hay futuro para el movimiento obrero en los parámetros irracionales del productivismo capitalista globalizado. Mirad hacia la industria – emblemática donde las haya - de la automoción, y veréis que, en ese marco, el sindicalismo no tiene más horizonte que devenir una fuerza corporativista condenada a cosechar un fracaso tras otro.

Para abordar un giro tan ambicioso como necesario hacen falta una correlación de fuerzas y una disposición de la sociedad muy distintas de las actuales. Por eso resulta tan importante que la clase trabajadora dé un primer aldabonazo, mediante una huelga general que plantee sus exigencias más apremiantes. El 12-D demostró que aún estamos lejos de eso, que debemos empezar por juntar a todas y todos aquellos que, desde distintas tradiciones sindicales, reivindicaban hoy esa perspectiva unificadora. El 13-D, con su cascada de declaraciones conciliadoras, demuestra a su vez que no hay tarea más urgente.

22/12/2009

www.anticapitalistas.org

SOBRE LA UNIDAD EN LA IZQUIERDA. Apuntes para un debate

El debate sobre la unidad en la izquierda a veces se ha planteado en una lógica que enfrenta por un lado la situación real frente a una situación idílica que jamás ha ocurrido en la historia. Se presupone un ejército de Pancho Villa que sería deseable que caminara hacia la consolidación de un Ejército Rojo, fuerte y estructurado, como si las estructuras de la izquierda fueran ajenas a los procesos sociales. Ni siquiera en el momento en que por primera vez en la historia se consolidaba la primera gran victoria de la clase trabajadora que daba lugar al primer estado obrero del mundo, se dio tal unidad en la izquierda. Leyendo las primeras páginas de “Diez días que estremecieron el mundo” uno se percata inmediatamente de que la pluralidad respecto al número organizaciones obreras (independientemente de su influencia) era un claro síntoma del vigor y potencialidad de la clase trabajadora en vísperas de la revolución rusa. La unidad, por tanto, ha de clarificarse y contextualizarse. No existe unidad en el vacío o en el mundo de las ideas platónicas.

En primer lugar, en el contexto histórico actual es necesario delimitar el espacio de una hipotética unidad de la izquierda. Hablando de forma un poco más grosera en los términos, la izquierda, en tanto y en cuanto ha afrontado la contradicción que plantea la defensa de los intereses de la mayoría social viviendo en un sistema cuya lógica es la acumulación de capital de manos de una minoría social, presenta un panorama de división mucho mayor que las fuerzas políticas de la derecha. Tras la ofensiva neoliberal, la división es mayor si cabe. El viejo debate entre Reforma vs. Revolución vuelve con nuevos colores y nuevas contradicciones, planteando que la primera gran división dentro de la izquierda se da en cuestiones clave que tienen que ver con aceptar o no la gestión del sistema para unos o su co-gestión con el social liberalismo para otros. Vemos por tanto, que la unidad en la izquierda no es un concepto vacío sino que es algo lleno de contenido político, el mismo que delimita hoy día los proyectos del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida respecto del resto de fuerzas que se sitúan a la izquierda de los mismos.

En segundo lugar, hay que hablar de a qué nos referimos con aquello de unidad. ¿Un único partido? ¿Luchas unitarias? ¿Candidatura electoral única? De nuevo, el debate no se puede plantear como una cuestión de principios, porque el contexto pesa más que las ideas. La izquierda política no es un quiste aislado del entorno, sino que nace, vive y muere en él. ¿Cómo generar unidad ante un panorama de derrota general de la clase trabajadora? ¿A qué unidad podemos aludir cuando no se generan los necesarios marcos unitarios por la base entre las distintas fuerzas de la izquierda transformadora? ¿A qué victoria hacemos referencia como efecto fundador de un nuevo proceso constituyente? El nuevo sujeto político en Francia (NPA) no fue un decreto de su predecesor, la LCR. El proceso de construcción del NPA sólo puede entenderse desde las dinámicas de lucha originadas en los comités del NO a la Constitución Europea, que lograron una batalla unitaria seguida de la primera gran victoria de lo que podríamos llamar como la izquierda anti-neoliberal. La dinámica de lucha de las clases populares generada desde entonces, con contundentes victorias como la del CPE, hace que el contexto sociopolítico al otro lado de los Pirineos no tenga nada que ver con el que aquí vivimos. Después llegó el tema de la delimitación en los términos en los que he mencionada más arriba. Por lo tanto, no cabe decretar desde arriba la unidad de la izquierda transformadora -véase el caso de las tres candidaturas de la izquierda revolucionaria en el estado español (IA, II y PCPE) a las elecciones europeas, amén de otras gentes- si antes no se han generado procesos de lucha amplios qua hayan sido capaces, no sólo de limar las asperezas en el día a día y dotarnos de un programa mínimo común, sino de reforzar la propia confianza entre las clases populares con una victoria que golpee de lleno en la psique de las y los de abajo.

Por lo tanto, la unidad de la izquierda no es un valor en sí, sino más bien algo que tiene un fuerte contenido político que hay que delimitar. No sólo hay un debate que señala el punto caliente del contenido (la cogestión del sistema), sino también del continente (partido, unidad en la lucha, candidatura, etc). Ambas cuestiones son inseparables del contexto sociopolítico. En cierta medida, evitando consideraciones deterministas, la fragmentación de la izquierda transformadora y, lo que es más, su escasa capacidad de intervención en la política general no son sino reflejo del estado de fragmentación y derrota general de la clase trabajadora, en tanto y en cuanto las organizaciones obreras son expresiones de ésta.

Somos muchos los y las que apostamos por la unidad de la izquierda radical en las luchas, pero a falta de dinámicas más amplias y victorias concretas, ésta unidad tiene los claros límites que refleja la correlación actual de fuerzas entre capital y trabajo. En nuestras manos está subvertir esta situación, cambiar la correlación de fuerzas y situarnos en un panorama más favorable en el que uno más uno no sea igual a cero.